Esta semana tiene curso en la Comisi\u00f3n Primera de la C\u00e1mara de Representantes del Congreso de la Rep\u00fablica la nueva Reforma a la Justicia. Desde ya debe decirse que la palabra reforma le queda grande a este proyecto de ley, pues apenas suponen unas modificaciones de no m\u00e1s de 10 art\u00edculos del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y muchos de ellos en realidad buscan regularizar temas que ya han sido reconocidos por v\u00eda jurisprudencial.<\/p>\n\n\n\n
Con todo, los cambios propuestos son necesarios y es importante que los honorables congresistas sepan que esta reforma est\u00e1 dirigida a hacer mejores los mecanismos de terminaci\u00f3n anticipada, lo que se traduce en un fortalecimiento de los derechos e intereses de las v\u00edctimas y los procesados, al tiempo que impacta directamente la descongesti\u00f3n del sistema de justicia.<\/p>\n\n\n\n
En nuestra columna en este diario, nos referimos a un tema tan real y cierto como la incapacidad de la justicia para darle tr\u00e1mite a todas las causas que se adelantan en la Fiscal\u00eda. El an\u00e1lisis es sencillo, hay muchos m\u00e1s delitos que fiscales, investigadores y jueces.<\/p>\n\n\n\n
Esta realidad apabullante, lleva a que sea imposible pretender que todos los casos se puedan investigar y llevar a juicio. Esta es una verdad incuestionable para cualquier sistema procesal del mundo. Incluso en pa\u00edses como Estados Unidos, donde hay un mayor n\u00famero de jueces, fiscales, investigadores y hasta c\u00e1rceles, se caracteriza por su particular inter\u00e9s en la celebraci\u00f3n de acuerdos y a\u00fan as\u00ed, tienen mecanismos para no tramitarlo todo, pues resulta imposible.<\/p>\n\n\n\n
En Colombia la realidad es desoladora, aproximadamente el 92% de las sentencias condenatorias que se producen a\u00f1o a a\u00f1o son consecuencia de procedimientos de captura en flagrancia, es decir, casos en donde hay muy poca actividad investigativa por parte de la Polic\u00eda o la Fiscal\u00eda, pues la mayor\u00eda de la prueba se recauda directamente en el procedimiento de captura. Dentro de esas flagrancias, la mayor\u00eda de los asuntos tienen que ver con porte de estupefacientes, quedando de lado much\u00edsimos otros delitos tambi\u00e9n son de important\u00edsima investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed mismo, en promedio, 85% de los casos se termina por v\u00eda de preacuerdo o allanamiento a cargos, lo que deja que solo un 15% sean procesos que van a juicio. De estos \u00faltimos, se tiene que de los casos que van a juicio, de cada diez, la Fiscal\u00eda pierde seis, esos son los datos.<\/p>\n\n\n\n
Estas cifras reflejan que los resultados conseguidos por la Fiscal\u00eda no son producto de su capacidad investigativa, pues la mayor\u00eda de las condenas se logran por flagrancias y no por su capacidad de gesti\u00f3n del caso. Esta cr\u00edtica no est\u00e1 enfilada contra quienes ejercen la funci\u00f3n de fiscales o investigadores ni por quienes est\u00e1n a la cabeza del \u00f3rgano de investigaci\u00f3n. El ataque est\u00e1 dirigido al modelo de justicia y las normas de nuestro c\u00f3digo. Por eso celebro que sea la propia Fiscal\u00eda y la Corte Suprema quienes han diagnosticado el problema y plantean mecanismos de soluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Todo esto, evidencia que es necesaria una reforma en materia de mecanismos de negociaci\u00f3n, esto no se trata de ret\u00f3rica. Los n\u00fameros son contundentes y hacen evidente que si no tenemos un sistema de justicia fuertemente orientado a las terminaciones anticipadas, Colombia no podr\u00e1 hacer frente a las demandas de justicia de los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n
Se debe seguir avanzando a un modelo que est\u00e9 m\u00e1s fundamentado en la justicia transaccional y que logre aumentar las tasas de soluci\u00f3n de conflictos, que atienda las necesidades de las v\u00edctimas y que reconozca los derechos de los procesados.<\/p>\n\n\n\n
Esta semana estuve reunido con dos fiscales en dos procesos en curso, uno como defensa y otro como representante de la v\u00edctima. Sin decir nada, fueron ellos los que me propusieron terminar con estos asuntos a trav\u00e9s de una v\u00eda negociada. Sal\u00ed con el coraz\u00f3n lleno de esperanza en ambos casos. Se tratar\u00eda de soluciones con excelente resultado para los intereses de la justicia, de las v\u00edctimas y de los procesados. Y ser\u00edan dos litigios menos para el Estado, quien puede enfilar esos recursos y excelentes fiscales en casos donde la ausencia de capacidad instalada garantiza el fracaso de las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, algunos podr\u00edan decir que solo basta con que haya m\u00e1s inter\u00e9s en los fiscales, pero la realidad indica que son necesarias reformas normativas para mejorar su aplicaci\u00f3n y garantizar su uso exitoso. Lamentablemente, el c\u00f3digo se ha llenado de prohibiciones excesivas y fuera de lugar como las del 68A del C\u00f3digo Penal, interpretaciones jurisprudenciales que est\u00e1n al vaiv\u00e9n pol\u00edtico y pasajes normativos oscuros que impiden tener un entendimiento homog\u00e9neo y transversal sobre los mecanismos de terminaci\u00f3n anticipada del proceso.<\/p>\n\n\n\n
Por eso celebramos el proyecto de ley presentado conjuntamente entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se requerir\u00e1n ajustes y escuchar a la academia y a los diferentes sectores de la justicia para afinarlos, pero con seguridad que apuntan en buena direcci\u00f3n y tienen un planteamiento correcto y un desarrollo adecuado.<\/p>\n\n\n\n
Ya se echan de menos varias normas que han sido eliminadas en los debates anteriores y que habr\u00edan sido fundamentales para avanzar en el prop\u00f3sito del fortalecer estos mecanismos, sin embargo, cualquier cosa lograda es terreno conquistado en esa direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Es ese el verdadero secreto de c\u00f3mo ser m\u00e1s eficientes contra la delincuencia, garantizar una aplicaci\u00f3n m\u00e1s humana de la justicia penal, respetar los derechos de las v\u00edctimas y descongestionar la justicia.<\/p>\n\n\n\n