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Este año han sido asesinadas 32 personas en linchamientos

El indígena Luis Carlos García Tabue fue acusado por la Fiscalía por la muerte de Hildebrando Rivera, quien el 26 de enero arrolló con el camión que conducía —recolector de basura— a una mujer embarazada y a su pequeña hija en inmediaciones del parque La Florida de Bogotá.

Las mujeres de la comunidad Embera Katio fallecieron en el lugar, lo que desató la ira de los indígenas que lincharon —mataron a golpes— a Rivera; García es el único judicializado (de la turba) por este hecho.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional en lo corrido de este año (corte 14 de septiembre) en el país se tiene el registro de 32 personas que han muerto en medio de linchamientos.

En 2021 se reportaron 43 muertes y en 2020 fueron 30. Por ciudades, Cali es donde más linchamientos se han reportado entre 2020 y 2022 con 21 homicidios. En Bogotá y Medellín, en el mismo lapso, se registran 16 casos en cada una.

Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad Externado Colombia Juan David Bazzani, nuestro país se rige por ser un Estado Social de Derecho, en el que se le concede a ese Estado la obligación de propender por la seguridad, “por lo que hay unas leyes y garantías que establecen que es el Estado el que debe impartir justicia”.

Partiendo de esa premisa, para Bazzani, los ciudadanos no pueden “ejercer justicia por propia mano, sino que tienen que acudir a los procedimientos institucionales”.

Legitima defensa

El penalista señaló que otra es la situación que se aplica a la legítima defensa, “cuando a mí me van a matar o me van a atacar, yo puedo defenderme”, lo que calificó como una situación excepcional porque el modelo de justicia está construido para que sea el Estado el que imparta justicia.

Bazzani reiteró, “no podemos ejercer justicia por propia mano, sino que excepcionalmente nos podemos defender de manera autónoma invocando la legítima defensa”.

Para Bazzani ejercer justicia por propia mano es negar el Estado Social de Derecho y es “convertirse en un delincuente”.

Se registran casos claros de legítima defensa como el del médico que en febrero de 2020 disparó contra tres asaltantes —ocasionándoles la muerte— que lo intentaron robar y subir a un carro cuando este cruzaba el puente peatonal de la calle 121 con carrera 9, al norte de Bogotá.

El médico logró demostrar que actúo en defensa de su vida pues los hombres lo amenazaron con una pistola y un arma blanca, por lo que después de la investigación la Fiscalía no encontró méritos para acusarlo.

El exfiscal Francisco José Cintura, aseguró que ejercer justicia por propia mano “en sí misma es una contravención, anteriormente era un delito y eso se llamaba el ejercicio arbitrario de las propias razones”.

Cintura puntualizó que cuando alguien “ejerce sus propias razones sin intervención de la justicia está violando la ley y está cometiendo los mismos delitos que reprocha”.

El experto aseguró que en este tipo de conductas no hay atenuantes sino que por el contrario es una situación de agravación porque no se puede alegar que “hubo ira o intenso dolor porque esas circunstancias en la ley se atienden cuando tienen una correlación de inmediatez”.

En la mayoría de los casos de justicia por mano propia hay premeditación, como en el caso de Landázuri, “porque ya había pasado un tiempo desde que se conoció la muerte de la familia y ellos reaccionan como en una forma de venganza o llevados por la ira”, concluyó Cintura.

El penalista dijo que es a la Fiscalía General a la que le corresponde adelantar la investigación de oficio, tras conocerse los hechos, sobre la identificación e individualización de quienes participaron en dichas escenas de violencia.

Para el abogado Francisco Bernate es importante que la justicia actúe, “porque llevamos mucho tiempo en que las personas ejercen justicia por propia mano y nunca pasa nada”.

Por eso, afirmó el jurista, es hora que las autoridades se tomen muy en serio el tema sobre la base de sentar precedentes por lo que instó a la Fiscalía a pronunciarse de fondo y rechazar este tipo de hechos y a dar a conocer los resultados de las investigaciones en curso.

Para Bernate a las personas que incurran en este tipo de hechos se les puede imputar homicidio agravado e incluso delitos como tortura agravada lo que les podría dar una condena de hasta 50 años de prisión.

https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/linchamientos-32-personas-han-muerto-este-ano-en-medio-de-ellos-703211

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